Hotesur-Los Sauces: para la Unidad de Investigación Financiera, Cristina dirigió una asociación ilícita para lavar dinero

Este viernes se reanudó el juicio de los casos Hotesur-Los Sauces, que tiene como principales acusados a Cristina y a Máximo Kirchner. Se dio inicio a la lectura del requerimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se dio cuenta de la “existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente”, gracias a un acuerdo de voluntades de los expresidentes, su grupo familiar, empresarios beneficiados con contratos públicos y otras personas de su confianza.

Los expedientes que, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal se juzgan de manera conjunta, se concentraron en las dos empresas de la familia Kirchner: Los Sauces, una inmobiliaria cuyos dos inquilinos centrales fueron Lázaro Báez y Cristóbal López (el 88% de la facturación), y Hotesur, dueña del Alto Calafate.

Según determinó la justicia, ambas firmas fueron utilizadas como pantalla para el lavado de activos.

Dando continuidad a esta primera etapa en la que se leen los requerimientos de elevación a juicio, es decir, un detalle de la maniobra investigada, las acciones desplegadas por los imputados y los delitos atribuidos a cada uno, se comenzó a escuchar la acusación formulada por la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de la causa Los Sauces.

La UIF recordó que el caso se inició el 4 de abril de 2016 con la denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer, cuya investigación comprobó la “existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, su grupo familiar, empresarios beneficiados con contratos públicos y otras personas de su confianza”.

La organización criminal, dijo la UIF, “fue montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.

A la hora de explicar la configuración del delito principal, la UIF sostuvo en su requerimiento que dicha asociación ilícita fue integrada, “cumpliendo cada uno de los mencionados distintos roles que luego serán detallados, por los exprimeros mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández; sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner; los amigos personales y socios comerciales de los expresidentes Lázaro Báez, Carlos Sancho y Osvaldo Sanfelice”.

La lista de involucrados sigue: “el contador de la exfamilia presidencial y sus empresas, Víctor Manzanares; los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa; la sobrina del exmatrimonio presidencial, Romina Mercado; los integrantes del Grupo Báez, Martín Báez y Emilio Carlos Martín; y los escribanos Jorge Ludueña y Leandro Albornoz”.

Esta asociación delictiva “funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y fuera de ella, a través de la instauración de una ingeniería societaria, contable y legal que le permitiría apoderarse de fondos públicos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero, con la finalidad de que se incorporen al patrimonio de los expresidentes y su grupo familiar primario, con la apariencia de un origen lícito”.

El plan criminal -como lo definió la UIF-, descansó sobre dos maquinarias coordinadas e interdependientes.

La primera de ellas operó desde el aparato estatal para generar los fondos ilícitos: los mandatarios garantizaron a las firmas de Lázaro Báez la adjudicación casi total de la obra pública vial en Santa Cruz a través de un esquema prebendario. Esto ocurrió mientras “beneficiaron a Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa con licencias de hidrocarburos, la explotación de juegos de azar y la retención indebida del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) a través de la firma Oil Combustibles”.

No obstante, se leyó a lo largo de la audiencia, el “designio delictivo no concluía en el enriquecimiento de estos concesionarios”. Para que parte de ese dinero regresara a manos de la familia Kirchner, “se puso en marcha una segunda maquinaria basada en la actividad hotelera e inmobiliaria”.

Así, en noviembre de 2006 se constituyó Los Sauces S.A., una firma que, tras dos años de completa inactividad, comenzó en 2009 a captar de forma regular y periódica recursos espurios provenientes de las empresas favorecidas, disimulándolos como alquileres de propiedades y hoteles.

“La falta de sede operativa real, la ausencia de personal idóneo para la intermediación inmobiliaria y la concentración del 88% de sus ingresos en los grupos Báez e Indalo a precios inflados terminaron de confirmar que la sociedad fue concebida exclusivamente como un vehículo de reciclaje”, indica la acusación de la UIF.

En la cúspide de esta estructura, el organismo querellante, ubicó a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de la asociación ilícita, imputándole un “rol directriz indiscutible”. La acusación remarcó que la exmandataria aportó a la organización delictiva la jerarquía, el poder institucional y las competencias legales que su investidura presidencial le otorgaba.

Amparada en la “presunción de legitimidad de los actos públicos y coordinando con dependencias gubernamentales, sostuvo el entramado que posibilitó la expansión exponencial de las empresas de Báez, López y De Sousa, quienes se ubicaban como contrapartes privadas del pacto espurio”.

Asimismo, intervino activamente en la faceta societaria privada que habilitaba la recepción del dinero. En 2006 fundó Los Sauces S.A. reteniendo el 45% del capital social y asumiendo como directora suplente. Durante el ejercicio de la primera magistratura, en noviembre de 2008, transfirió como aporte irrevocable a la empresa un terreno en la calle Alvear de Río Gallegos valuado por ella en $13.500 —frente a una tasación pericial real de $821.320— en momentos en que la constructora de Báez ya se encontraba levantando departamentos sobre ese lote.

Entre los hechos descriptos, se tuvo en cuenta que la ex Presidenta eue la beneficiaria “directa de las dádivas ofrecidas por los titulares de Indalo bajo la fachada de locaciones en el complejo Madero Center y, culminando el ciclo de lavado, retiró de Los Sauces S.A. más de dos millones de pesos blanqueados para su uso personal y justificado, disponiendo a su vez de propiedades de la firma como residencia particular sin abonar contraprestación”.

Por su parte, la UIF le atribuyó a Máximo Kirchner el rol de organizador de la asociación ilícita, situándolo como una figura operativa indispensable para la consecución del plan. Su función consistió en estructurar, administrar y conducir el andamiaje societario que materializó el circuito de blanqueo.

Desde la constitución de Los Sauces S.A., ejerció de manera exclusiva la presidencia del directorio y, a partir de 2009, se encargó de conformar individualmente el órgano de gobierno de la firma, aprobando por unanimidad balances contables, compras de inmuebles, la contratación de obras ejecutadas por Báez y las locaciones con los empresarios investigados.

Fue Máximo Kirchner quien -versa la acusación-, concentró la ejecución de los actos jurídicos y bancarios determinantes: libró y endosó cheques personales de su padre para la compra de las unidades en Madero Center mediante un poder amplio de administración; intervino ante escribanos públicos concentrando la representación de sus padres, de la firma compradora y el consentimiento conyugal en las adquisiciones de Río Gallegos.

Por último, coronó la maniobra al retirar personalmente de las cuentas sociales casi dos millones y medio de pesos limpios bajo los conceptos de gastos propios, honorarios de dirección y extracciones directas, consolidando así el provecho criminal buscado por la organización.